viernes, 10 de agosto de 2018

Edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (VII)

Edificios asimilados al régimen de fuera de ordenación (VII)

Plazo y contenido de la resolución. Procedimientos coordinados. Resolución denegatoria.


El Decreto 2/2012 otorga a los Ayuntamientos un plazo máximo de 6 meses para dictar sus resoluciones y emitir sus notificaciones, contado desde la fecha de entrada en registro de la solicitud de reconocimiento, o bien desde la fecha del inicio del procedimiento de oficio, si es el caso. En el caso de que el Ayuntamiento requiera la ejecución de obras, el plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la fecha del requerimiento y la fecha de la correcta acreditación de la terminación de las obras. El silencio administrativo es desfavorable, supone que la solicitud ha sido desestimada o que el expediente ha caducado.

Contenido de la resolución

El contenido de las resoluciones de reconocimiento de situaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación es el siguiente:
  • identificación del inmueble
  • reconocimiento de que se cumplen las condiciones exigibles de seguridad, habitabilidad y salubridad y, por consiguiente, de la aptitud del inmueble para el uso al que está destinado
  • reconocimiento de la imposibilidad de adoptar medidas para el restablecimiento del orden jurídico, por haber prescrito el plazo legal establecido al efecto, de que la indemnización por equivalencia ha sido abonada y, por todo lo anterior, de la situación asimilada al régimen de fuera de ordenación
  • relación detallada de obras autorizables, de servicios básicos contratables y de las condiciones de los suministros.

Resolución en procedimientos coordinados

Si la solicitud de reconocimiento se basó en la propuesta de soluciones coordinadas para el acceso a servicios básicos, la resolución municipal se dictará de manera independiente para cada una de las edificaciones implicadas.

Resolución denegatoria

Si el Ayuntamiento emite resolución denegatoria, la misma debe indicar las causas de la denegación y un apercibimiento expreso de que el inmueble no puede ser utilizado. En estos casos el Ayuntamiento queda obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger la legalidad urbanística y restablecer el orden jurídico.


Arquitecto Daniel Trujillano

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